El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha abierto el pasado 8 de enero de 2026 el trámite de consulta pública previa a la elaboración de un anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997.

Este trámite tiene por objeto recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones antes de la elaboración de un proyecto normativo, no disponiéndose de un texto oficial para la consulta.

La Ley PRL, vigente desde 1995, constituye el texto básico que regula la prevención de riesgos laborales en España. Su objetivo es proteger la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas de prevención integradas en la gestión empresarial. Tras más de 30 años de aplicación de la Ley PRL, el contexto laboral ha cambiado profundamente (digitalización, teletrabajo, riesgos psicosociales, sostenibilidad), y el Ministerio ha reconocido la necesidad de adaptar la normativa a esta realidad.

En particular, con esta reforma se pretende:

- Visibilizar ciertos riesgos cuya presencia se ha ido incrementando, como los vinculados a factores psicosociales, los riesgos derivados del cambio climático y del trabajo a distancia; los originados por las deficiencias en materia de desconexión digital, etc.

- Integrar la perspectiva de género en la gestión de la prevención de riesgos laborales, tratando de garantizar la protección de todas las personas trabajadoras, hombres y mujeres, por igual.

- Incorporar la integración de la edad y la diversidad generacional en la gestión preventiva de las organizaciones, garantizando, en su caso, la adaptación del trabajo a la evolución de las aptitudes psicofisiológicas de las personas trabajadoras.

- Reforzar la protección de las trabajadoras embarazadas o en situación de lactancia.

- Prevenir los accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo, promoviendo la sensibilización y la gestión de, entre otros, los riesgos psicosociales y ergonómicos, con mayor presencia en los entornos de trabajo con motivo de la tercerización y la digitalización de la economía.

- Fortalecer la organización preventiva de la empresa, entre otras, a través de una mayor presencia y peso de las personas trabajadoras con funciones preventivas, de forma que se garantice una aplicación efectiva y control de la acción preventiva.

- La creación de agentes territoriales de prevención para reforzar la prevención en empresas o centros de trabajo sin representación legal de las personas trabajadoras, con especial impacto positivo en PYMES.

- Reforzar el funcionamiento de las entidades especializadas que hayan sido acreditadas como servicios de prevención y los registros en que están inscritas.

- Revisar la formación exigible a las personas que desarrollan funciones preventivas de nivel básico, intermedio y superior.

- Aumentar la protección de las personas trabajadoras autónomas cuando desarrollan su actividad de forma concurrente con otras empresas o personas trabajadoras autónomas.

En definitiva, el objetivo de la norma es aportar a las empresas, deudoras de protección respecto de sus personas trabajadoras, instrumentos y garantías actualizadas para generar entornos de trabajo saludables y seguros para su personal y, consecuentemente, mejorar el bienestar, la competitividad, la productividad y el crecimiento de las empresas españolas. Lo anterior, además, reportará en una reducción de las cifras actuales de siniestralidad laboral, objetivo número 1 de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027.

El plazo para la presentación de aportaciones se extiende desde el 9 de enero de 2026 a las 00:00 horas hasta el 23 de enero de 2026 a las 23:59 horas, permitiendo la participación de empresas, profesionales, asociaciones y operadores jurídicos. Puedes participar en el siguiente enlace:

https://expinterweb.mites.gob.es/participa/listado/download/ac898c7d-de9f-441d-aaf0-10ae5d7a18c9